Cooperativa: por la contratación de un estudio jurídico, un socio pide la remoción del Presidente

Regionales 10 de septiembre de 2019
El abogado Luis Meinero envió una nota al Consejo de Administración con un planteo de violación del Estatuto de la entidad. Acusa que se direccionó al estudio donde trabaja su hijo la defensa por la demanda del ex Gerente Javier Foresi.
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José Antonio Chalub, en medio de otra polémica

El socio de la Cooperativa de Servicios Públicos, Luis Meinero, presentó  anoche al Consejo de Administración de la entidad una nota de siete páginas en la que sugiere la remoción del Presidente, José Antonio Chalub, por incompatibilidad en su cargo, tras haber contratado al estudio jurídico donde trabaja su hijo Alejandro.

Para Meinero, la situación viola el Estatuto de la Cooperativa. Además, duda que el tema se "ocultó". 

"Los consejeros han sido inoperantes, cómodos, todos saben lo que pasaba y eso debe ser rechazado", dijo.

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LA CARTA COMPLETA

Al Sr. Síndico Titular de la Cooperativa de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María Ltda.

 Cr. Eduardo R. Destéfanis

S / D

Luis María Meinero, D.N.I. N° xxx, abogado, con domicilio real sito en calle Lausana N° 315 de la Ciudad de Jesús María y fijando domicilio a todos los efectos legales en mi Estudio Jurídico sito en calle Cástulo Peña N° 776 de la misma ciudad, ambos de esta provincia, en mi carácter de Asociado N° xxx de energía eléctrica de esa Cooperativa, interviniendo activamente en el manejo de los asuntos sociales y como interesado directo, respetuosamente me dirijo al Sr. Síndico Titular a fin de que me sirva informar en el término de ley, conforme a las publicaciones periodísticas, radiales y escritas, y a lo que expresamente comunicara vía radial el Sr. Presidente de esa Institución, José A. Chalub, si esa Sindicatura como órgano de fiscalización y en cumplimiento de lo expresamente dispuesto por el Estatuto Social, la Ley de Cooperativas y las leyes complementarias aplicables en la materia, ha observado al Consejo de Administración y, en su caso, impugnado debidamente, el actuar del Sr. Presidente de esa Cooperativa, solicitando su oportuna remoción por encontrarse absolutamente inhabilitado para continuar desempeñando el cargo de Presidente y Consejero de la misma.

A continuación, se detallan las razones por las cuales se acredita que el Sr. José A. Chalub se encuentra inhabilitado para continuar ejerciendo los cargos de Presidente y Consejero de esa Cooperativa:

Que, como es de público conocimiento, ese Consejo de Administración durante el transcurso del corriente año, contrató los servicios de los Dres. Gustavo Marcos Pereira y Ricardo Octavio Fasolis, los cuales habrían sido convocados por el actual Sr. Presidente, para iniciar y proseguir distintos juicios laborales y penales, entre ellos el del ex-gerente de esta Cooperativa, Cr. Javier Antonio Foresi, como así también para que se encarguen de las cobranzas de las deudas por mora de esa Cooperativa y demás tareas legales y administrativas, otorgando los poderes correspondientes para llevar adelante los servicios de asesoría legal integral y el cobro de los honorarios respectivos, sobre los cuales dichos letrados ya han cobrado parte de los honorarios respectivos.

Que, como consecuencia de ello, ha tomado estado público que el hijo del Sr. Presidente de esta Cooperativa, Abogado Alejandro José Chalub, ha integrado y actualmente forma parte del Estudio Jurídico conformado por los citados Dres. Gustavo Marcos Pereira y Ricardo Octavio Fasolis, situación que se desconoce si el Sr. Presidente informó oportunamente al Consejo de Administración o si bien, maliciosamente, ocultó tal extremo.

En este orden, si el Sr. Presidente fue quien convocó a los citados letrados mencionados precedentemente, habiendo ocultado al Consejo de Administración sobre la relación existente entre su hijo y dichos letrados, interviniendo activamente en su carácter de Presidente de esa Cooperativa en la sesiones del Consejo cuando se habrían tratado esas contrataciones y acordando los honorarios correspondientes, dicha conducta resulta manifiestamente ilegal, por cuanto no sólo no debió integrar esas sesiones (ni menos aún presidirlas), sino que debió abstenerse de intervenir, informando puntualmente sobre el particular; ello por la incompatibilidad absoluta que surge por su cargo y función y, asimismo, por el deber de lealtad, transparencia y decoro que debe primar en su accionar.

En efecto, nótese que tales extremos debieron ser oportunamente informados al Consejo de Administración para su debida consideración y tratamiento, máxime cuando se encontraban (y se encuentran) en juego diversos conflictos legales de notable 3 trascendencia para esa Cooperativa, cuyos montos económicos resultan más que considerables, al igual que los consecuentes honorarios profesionales, los cuales a la fecha superan la suma de $1.500.000 (pesos un millón quinientos mil), resultando así una contratación de suma relevancia para los intereses de esa Cooperativa.

Adicionalmente, lo que resulta más grave aún, es que el convenio de honorarios perfeccionado, sólo hace referencia a la causa laboral que se mantiene con el ex gerente Cr. Foresi, pero nada dice ni se aclara sobre los honorarios que pudiesen eventualmente corresponder por las actuaciones de dichos letrados en la causa penal, en la cual se encuentra constituida esa Cooperativa como querellante particular, con el patrocinio letrado de los citados abogados. Conforme a ello, el Sr. Presidente inexorablemente se encuentra inhabilitado para continuar ejerciendo no sólo el cargo de Presidente de esta Institución, sino también como Consejero.

En efecto, las incompatibilidades establecidas para los Consejeros y Síndicos, exigidas no sólo por el Estatuto Social sino por la Ley de Cooperativas (Ley N° 20.337 y sus modif.), lo son casualmente para dotar de transparencia y objetividad en las decisiones y resoluciones que el Consejo debe adoptar, habiendo creado el Sr. Presidente con su accionar, un manto de sospecha en el actuar de ese Consejo que revelan los propios medios periodísticos. En este sentido, surge claro que el deber de lealtad que se les exige a los Sres. Presidente y Consejeros de esa Institución, se basa no sólo en motivos económicos, sino fundamentalmente de moralidad y transparencia para evitar abusos en el accionar de los representantes y los excesos e influencias del poder que traen aparejados sus cargos. Por lo tanto, no cabe duda alguna que el accionar del Sr. Presidente hizo incurrir a ese Consejo de Administración en un conflicto de intereses en la contratación de los citados asesores legales, teniendo presente que no sólo se trata de una contratación sumamente sensible para esta Institución (toda vez que se encuentran en juego las 4 causas legales y las cobranzas de esta Cooperativa), sino también el vínculo existente y manifiesto entre el Sr. Presidente (a través de su hijo) y los citados asesores, violando abiertamente el deber de lealtad y de buena fe que debió imperar en el accionar del Sr. Presidente en estas circunstancias y vulnerando, consecuentemente, la normativa vigente que le resulta aplicable. En este sentido, surge con evidencia la activa participación del Sr. Presidente en las sesiones de ese Consejo, cuando se trataron las contrataciones de asesoría legal integral y el correspondiente pago de honorarios (véase al respecto Actas N° 2371, 2372 y 2382). Al mero título ejemplificativo, se advierte del Acta N° 2372, que “…El señor Presidente informa al Consejo la necesidad de otorgar poder general para pleitos y para actuar en asuntos de carácter administrativo, en materia de competencia penal, constituirse como querellante particular, como actor civil y como empleado superior a favor de los doctores Pereira y Fasolis…” (el destacado y subrayado son propios). De otro costado, conforme a los propios dichos del Sr. Presidente vía radial, resulta evidente que éste debió cesar sus funciones como Consejero desde hace dos años, cuando su hijo comenzó a integrar el Estudio Jurídico de los Dres. Pereira y Fasolis (a cargo de las cobranzas de las deudas de esa Cooperativa), ocultando deliberadamente esta situación al Consejo de Administración y a la Sindicatura; por lo que la deslealtad a esa Institución surge manifiesta y desde hace tiempo. Adicionalmente, cabe señalar que nada de lo manifestado por el Sr. Presidente vía radial logra desvirtuar tal aseveración, por carecer de todo sustento fáctico y jurídico, toda vez que ha quedado claro que el Estudio Pereira-Fasolis (sobre los cuales manifestó que estaban contratados hace más de 21 años) se encargaba únicamente de las cobranzas de las deudas de la Cooperativa y, a partir de la asunción del Sr. José A. Chalub como Presidente, se direccionó hacia tales profesionales no sólo tales tareas sino también se los contrató -otorgándoles amplios poderes, incluso como “empleados superiores”- para el seguimiento y representación de juicios de suma relevancia institucional, por lo que pone en evidencia que el estudio no estaba 5 contratado con anterioridad.

A mayor abundamiento, no se debe soslayar que el Dr. Castellanos fue quien patrocinó en todos los juicios laborales, penales y administrativos a esa Institución y que recién habría presentado su renuncia hace pocos días. Como se podrá advertir, el Sr. Presidente no puede continuar en el ejercicio de su cargo, no sólo por los extremos ya indicados, sino por cuanto los letrados mencionados ya se encuentran contratados e interviniendo en causas de relevancia judicial, habiendo percibido gran parte de los honorarios por el trabajo a realizar y que su rescisión implicaría un perjuicio para esa Cooperativa, considerando además el riesgo que podría conllevar tal accionar intempestivo (rescisión contractual), a poco que se advierta el accionar que podrían seguir los citados letrados en contra de esa Institución.

Que la situación expuesta, además de resultar violatorias de las normas aplicables a la materia (arts. 61, 63 -inc. G-, 72, 74, 78 y cc. del Estatuto Social; arts. 64, 68, 71, 75 y cc. de la Ley de Cooperativas -Ley 20.337 y sus modif.-; arts. 141, 145, 148 -inc. G-, 150 y cc. del Código Civil y Comercial de la Nación; y arts. 59, 242, 272, 274 y cc. de la Ley de Sociedades Comerciales -Ley 19.550 y sus modif.-), resultan contradictorias con las públicas manifestaciones efectuadas por el Sr. Presidente al asumir su cargo, comprometiéndose a actuar con la mayor transparencia, decoro y lealtad para con esa Institución y sus asociados. Por lo expuesto, se solicita a esa Sindicatura como órgano de fiscalización y en cumplimiento de lo expresamente dispuesto por el Estatuto Social, la Ley de Cooperativas y las leyes complementarias aplicables en la materia, se me informe si se ha observado al Consejo de Administración y, en su caso, impugnado debidamente, el actuar del Sr. Presidente de esa Cooperativa, solicitando su oportuna remoción por encontrarse absolutamente inhabilitado para continuar desempeñando el cargo de Presidente y Consejero de la misma. Al respecto, se hace expresa reserva -en caso de inacción por parte del Consejo de Administración y de la Sindicatura- de articular la convocatoria a Asamblea Extraordinaria para requerir la remoción o revocación del cargo de Presidente y 6 Consejero que detenta el Sr. José Antonio Chalub (art. 12, inciso “e”, 59 y cc. del Estatuto Social).

Asimismo, se me deberá informar, qué miembros del Consejo de Administración consintieron el actuar del Sr. Presidente, quienes lo impugnaron solicitando su remoción y/o inhabilitación; todo ello a los fines de deslindar las responsabilidades individuales, solidarias e ilimitadas de los Sres. Consejeros y de la Sindicatura en particular, a los efectos de entablar las acciones sociales e individuales de responsabilidad patrimonial.

En este mismo sentido, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le podría caber al Sr. Presidente por ese ilegítimo actuar, se hace reserva de solicitar al Sr. Fiscal de Instrucción en turno, una vez contado con el Informe que se requiere por medio del presente, proceda a iniciar la investigación penal preparatoria, para determinar si alguno de los integrantes del Consejo de Administración y de la Sindicatura, pudiesen haber incurrido también, en un ilícito penal perseguible de oficio, al haber prestado su consentimiento o asentimiento, por acción u omisión (consentimiento presunto), para que el Sr. Presidente Chalub, violando los deberes a su cargo, realizase actos expresamente prohibidos no sólo por el Estatuto Social sino también por la Ley de Cooperativas y leyes complementarias y concordantes de la materia (actos indebidos o anti-estatutarios).

De más está decir que, para la eximición de responsabilidad funcional y patrimonial del Síndico, el artículo 86 del Estatuto Social, en función del artículo 85, inciso “b” y “j”, expresamente establece que “…El Síndico responde por el incumplimiento de las obligaciones que le imponen la ley y el estatuto. Tiene el deber de documentar sus observaciones o requerimientos y, agotada la gestión interna, informar de los hechos a la autoridad de aplicación y al órgano local competente.

La constancia de su informe cubre la responsabilidad de fiscalización…”. Se hace expresa reserva de interponer pronto despacho y acción de amparo para el caso en que se incurra en una demora arbitraria en dar respuesta a la presente, como así 7 también de ejercer el derecho que me confieren los artículos 12, inciso “f”, y 28 del Estatuto Social, a los fines de proceder a realizar una auditoría particular del Balance General, Estado de Resultados y sus cuadros anexos. Le hago saber que la presente nota y sus informes, serán entregados oportunamente a los medios periodísticos locales y provinciales, a los fines de facilitar la transmisión de la información correspondiente con la que deben contar la totalidad de los asociados, por ser éstos los exclusivos dueños de esa Cooperativa.

Sin otro particular y a la espera de una pronta respuesta de los extremos consultados, le saludo atentamente.

LUIS MARÍA MEINERO

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