El pasado 5 de agosto, el Fiscal de Instrucción de Jesús María, Guillermo Monti, dio por concluida la investigación fiscal y pidió la elevación a juicio contra un hombre de Colonia Caroya que está detenido por “Grooming, producción de material  pornográfico infantil, abuso sexual gravemente ultrajante continuado, facilitación de representaciones sexuales de menores de edad, coacción agravada reiterada, tenencia de material pornografico infantil”.

Se trata de una persona de joven edad, que cayó en marzo de 2019 por acosar y extorsionar a mujeres a través de las redes sociales.

Monti considera que la causa ya está en condiciones de elevarse a la Cámara del Crimen de la ciudad de Córdoba Capital. 

Las actuaciones para dar con ese “ciber-delincuente” se iniciaron a través de un reporte internacional elaborado por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por su siglas en inglés) de los Estados Unidos, donde se identificó y alertó sobre una posible distribución y tráfico de importante cantidad de imágenes con contendido sexual de niños y adolescentes, al que se le sumaron también actuaciones sumariales iniciadas en órganos judiciales bajo jurisdicción local. 

La extensa investigación fue llevada a cabo por el equipo de la Fiscalía de Jesús María con colaboración del Área de Cibercrimen de la Fiscalía Adjunta Penal del Ministerio Público Fiscal, Detectives de la División de Investigaciones Operativas Área de Delitos Informáticos y Cibercrimen, Unidad de Equipos Informáticos de Policía Judicial y la Brigada de Investigaciones de la Departamental Colón de la Policía de la Provincia de Córdoba.

Se pudieron esclarecer trece hechos delictivos contra la integridad sexual en perjuicio de menores de edad, cuyas edades oscilan entre los cinco y los 17 años de edad al momento de su comisión mediante la utilización de Redes Sociales.

Las maniobras del detenido consistían en tomar contacto con las víctimas a través de redes sociales con un perfil falso, como si fuera menor de edad, ganándose su confianza mediante conversaciones, tras lo cual remitía imágenes pornográficas y mediante engaños lograba así la remisión por parte de las víctimas de imágenes y/o videos de contenido sexual.

Luego, las amenazaba obligándolos al envío de más imágenes, llegando en algunos casos a tratarse de prácticas sexuales explícitas entre menores.

Así también, resultó imputado de Coacciones Agravadas, resultando víctimas mujeres mayores de edad de las que obtuvo fotografías y/o filmaciones en ropa interior bajo excusa de contrato laboral para modelaje y una vez obtenido dicho material, las amenazaba con publicarlo en las redes sociales si no se filmaban y/o se tomaban fotografías con contenido sexual.

Las víctimas residían no solo en localidades de la provincia de Córdoba, sino también en localidades de las provincias de Santa Fe, Buenos Aires y Santa Cruz; como así también en el exterior: Venezuela, México, Brasil y España. 

En el procedimiento realizado en marzo de 2019 se logró el secuestro de una cantidad considerable de sistemas de almacenaje informático, los que contenían miles de imágenes y cientos de videos de menores de edad en situaciones sexuales explícitas, muchos de ellos con la participación de mayores de edad.