Condenaron a un funcionario provincial por la caída del puente que provocó la muerte de Arturo Maturano

Fuente: La Voz

La Cámara 2ª del Crimen de Córdoba dictó este miércoles la sentencia en el juicio por la muerte del remisero Arturo Maturano (64), quien cayó con su vehículo al río Guanusacate tras el derrumbe del puente Centenario en Jesús María en 2013.

En su fallo, la jueza Inés Lucero condenó al exdirector de Vialidad Provincial, Raúl Edgar Bértola, a tres años de prisión de ejecución en suspenso por homicidio culposo, en línea con lo solicitado por el fiscal de Cámara Gustavo Dalma.

El siniestro se produjo en la madrugada del 1 de noviembre de aquel año, cuando tras una intensa lluvia se produjo la crecida del río. Maturano cayó en ese cauce y su Chevrolet Corsa fue arrastrado sin que él pudiera escapar.

Al día siguiente, hallaron el vehículo. El cuerpo del chofer recién pudo encontrarse tres días después.

Tras el reclamo que había formulado la Municipalidad de Jesús María, la Dirección Provincial de Vialidad encargó un estudio que fue realizado por especialistas (Marcelo Martínez y Susana Beatriz Faustinelli), quienes indicaron que debían realizarse numerosas tareas de rehabilitación de la estructura. 

Habían advertido que estaba colapsando.

Según estas recomendaciones, había que restituir la sección de mampostería de ladrillo de la fundación con mortero cementicio. Esta tarea, siempre según lo dicho por los especialistas, debía hacerse en forma inmediata, con la vía cerrada al tránsito.

Según la investigación, a una hora de presentarse el informe ante la DPV, este había sido archivado.

La condena marcó el cierre de un proceso judicial que se extendió por más de una década y que tuvo en el banquillo a Bértola por haber desatendido un informe técnico que advertía sobre el grave deterioro estructural del puente.

Intervinieron como defensores Julio Deheza y su hijo Juan Deheza, mientras que la querella representó a los hijos de la víctima: Judith, Edith, Arturo y Walter Maturano.

Condena e inhabilitación

Además de la pena de prisión en suspenso, la magistrada impuso a Bértola una inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el término de ocho años.

De este modo, se apartó parcialmente del pedido del fiscal, que había requerido una sanción de 10 años en ese aspecto.

La resolución también incluyó el rechazo a los planteos de la defensa vinculados con la prescripción por insubsistencia de la acción penal. La jueza consideró que no correspondía hacer lugar a esos argumentos, pese al tiempo transcurrido desde el hecho.

En cuanto a la responsabilidad civil, la sentencia estableció una condena solidaria contra el exfuncionario y la Provincia de Córdoba.

Ambos deberán resarcir económicamente a los cuatro hijos del remisero fallecido, quienes actuaron como querellantes en el proceso.

Reparación y advertencia oficial

El fallo no se limitó a las responsabilidades penales y civiles.

La jueza dispuso que se curse una comunicación al Ministerio de Infraestructura de la Provincia para que se evalúe el estado de los puentes en todo el territorio cordobés.

La medida tomó como base lo declarado durante el juicio por el perito Marcelo Martínez, quien alertó sobre la posibilidad de que existan otras estructuras en condiciones similares a las del puente colapsado en Jesús María.

A partir de esa advertencia, se recomendó la realización de relevamientos preventivos para detectar eventuales deficiencias.

La decisión judicial introdujo así un componente institucional que excede el caso puntual y apunta a evitar situaciones de riesgo en otras localidades.

El caso

El hecho ocurrió en la madrugada del 1 de noviembre de 2013, luego de intensas lluvias que provocaron una fuerte crecida del río Guanusacate. En ese contexto, el puente Centenario cedió y el remisero Arturo Maturano cayó con su vehículo al cauce.

El cuerpo de la víctima apareció varios días después, río abajo, tras un operativo de búsqueda. La tragedia generó conmoción en la región y motivó la revisión de antecedentes técnicos sobre el estado de la estructura.

Durante la investigación se incorporó un informe elaborado en 2010 por especialistas que advertía un deterioro severo del puente y recomendaba su cierre inmediato y la ejecución de obras de reparación.

Ese documento no tuvo intervención efectiva en la toma de decisiones administrativas.

Esa omisión resultó central para la acusación que llevó a juicio al entonces titular de Vialidad Provincial y derivó, más de doce años después, en la condena que se conoció este miércoles.