En el discurso del Presidente dirigido a la Asamblea legislativa para la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, adelantó que el Poder Ejecutivo remitirá un proyecto de ley del Arrepentido o también denominada “delación premiada” para los casos de corrupción y delitos contra la administración pública.

La aprobación de esta ley resulta de una necesidad imperiosa y urgente para brindar a los jueces herramientas legales sumamente útiles para poder investigar y perseguir los delitos cometidos en contra del Estado, y dejar atrás una triste realidad respecto a la investigación y condena de los hechos de corrupción en nuestro país, causas que nunca avanzan, consagrando la impunidad.

Esta figura consiste en que una persona que ha cometido un hecho delictivo y está siendo investigada por la justicia, realice un pacto formal con la Fiscalía y obtenga una reducción de la pena que le corresponde por el delito cometido a cambio de que se declare culpable y brinde información relevante y determinante que permita investigar el hecho de corrupción, y desarticular a otros autores o cómplices de la trama delictiva que tengan una responsabilidad y jerarquía mayor que el arrepentido en la organización criminal.

Actualmente esta figura legal solo existe para los casos de narcotráfico, terrorismo y secuestros extorsivos. Pero a pesar de que existieron numerosos proyectos de ley para introducirla para los casos de corrupción, nunca fueron aprobados por nuestros legisladores. Estos es así, porque son concientes de la utilidad de la figura en cuestión que los expondría al riesgo de que aparezca alguien que destape los hechos. Los países del primer mundo todos cuentan con esta figura legal que permite avanzar seriamente contra los máximos responsables o jefes de la organización delictiva.

Por estos días nos llega desde el Brasil que un fiscal está pidiendo la prisión preventiva del ex presidente Lula, de gran poder político, y que también el máximo empresario del país se encuentra condenado a 19 años de prisión por casos de corrupción en la contratación de obras públicas en nuestro vecino país. Hay más de setenta detenidos, entre los que hay empresarios de primer nivel y tres gobernadores. Todo esto fue posible gracias a la información que numerosos arrepentidos fueron brindando a la Fiscalía interviniente que permitieron avanzar hasta la punta de la pirámide.

Lo mismo sucedió en el caso conocido como el “Fifagate”, por el cual una fiscal de los EEUU desbarató una organización enquistada en la FIFA y en el negocio del fútbol hasta llegar a la máxima autoridad del fútbol mundial que se vio obligado a renunciar y tiene numerosos detenidos en todo el mundo, donde gracias a la información obtenida por los diversos acusados se puedo esclarecer un entramado de corrupción impresionante, con compra de árbitros y autoridades de los clubes y asociaciones regionales. Esto no podría haber sido realizado si no hubiera existido la figura legal del arrepentido.

En Italia se dio un movimiento judicial conocido como “manos limpias” donde aplicaron este instituto y pusieron en jaque a la mafia italiana con muchos jefes mafiosos tras las rejas, logrando quebrar el pacto de silencio conocido como “omertá”.

Existen fuertes intereses para que esta ley no se apruebe, pues los propios políticos que deben votar la ley son los que pueden verse perjudicados por la misma, como también los empresarios contratistas del Estado que hacen negocios turbios, como sobreprecios en obras públicas, dádivas, licitaciones arregladas, o lavado de dinero. Nadie quiere esta ley y la situación actual favorece la impunidad.

En los meses que vienen escucharemos como toda esta corporación aducen las mas variadas e insólitas justificaciones legales para intentar no votar esta ley que luego les puede ser aplicada a ellos mismos.

 Pero, ¿Qué sucede en la actualidad con los hechos de corrupción que hace muy difícil probarlos?

Generalmente en estos hechos intervienen importantes y altos funcionarios públicos con un gran poder para influenciar las investigaciones y ocultar las operaciones, quienes además cuentan con la información que esconden haciendo uso de sus funciones. Se suma a ello, que los hechos de corrupción se camuflan con una compleja ingeniería financiera y legal para ocultar los hechos y la ruta del dinero ilícito. Generalmente los primeros en ser investigados son los funcionarios de baja jerarquía como Subdirectores, Directos o Secretarios, y rara vez Ministros. Por lo que estos hacen las veces de “chivos expiatorios” o “perejiles”, como funcionan como fusibles, funcionando como techo de las investigaciones. Estos funcionarios se ven en la situación de que les conviene no colaborar con la investigación no brindar información, puesto que además de que esto implicaría reconocer los hechos y exponerse a una pena, la ley actual no les otorga ningún beneficio por hacerlo.

La ley del arrepentido viene a solucionar esta situación, y permitir que la colaboración de los acusados brindando una información clave para el esclarecimiento del caso, tenga una recompensa,  lo que los incentivará a colaborar.

Por supuesto, que la información y declaración dada por el coacusado en contra de otro acusado deberá ser analizada con sumo cuidado y corroborada por otras pruebas independientes, como así también deberá garantizarse que la colaboración sea libre y voluntaria.

Esperemos que nuestros políticos estén a la altura de los tiempos y aprueben la ley. Si esto se aprueba, será un cambio revolucionarios en el sistema jurídico argentino. Ojalá así sea.

Alvaro B. Vucovich

-Abogado -