El Bloque de Concejales de Compromiso Ciudadano presentó en el Concejo Deliberante de Jesus María un proyecto para implementar en la ciudad la denominada “Ficha Limpia”, tendiente a evitar que personas condenadas por actos de corrupción u otros delitos puedan postularse y competir por cargos electivos u ocupen cargos como funcionarios del gobierno municipal.

La iniciativa, que ya tiene impulsos similares a nivel nacional y también en la Legislatura Unicameral de Córdoba (en este caso a través de Juntos por Córdoba), propone un piso mínimo de exigencias a los aspirantes a cargos públicos, de manera similar al que se registra para cualquier otro tipo de empleo, sea en el propio Estado o en actividad privada. 

“La ética en la función pública es un bien a resguardar y preservar. Por eso creemos que toda normativa tendiente a mejorar los estándares de selección de servidores públicos es bienvenida. Ficha Limpia es una herramienta idónea para actuar como barrera inicial para aquellos que pretenden acceder al Estado aun teniendo condenas penales y antecedentes por corrupción. Los jesusmarienses también nos debemos un proyecto así”, indicaron los ediles Mariana Ispizua, Mauro Di Poi, y María Pagnutti, autores del proyecto a nivel local.

El articulado del proyecto de ordenanza presentado establece, de manera taxativa, que “no podrán ser candidatos a ningún cargo electivo en la ciudad de Jesús María” las personas que se encuentren condenadas a penas privativas de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de incumplimiento en suspenso, por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y encubrimiento.

La prohibición también alcanza a los involucrados en delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, delitos contra la seguridad de la Nación, contra la integridad sexual, contra el estado civil de las personas y contra la libertad.

El proyecto contempla que, a fin de acreditar todas las exigencias mencionadas, deberán ser los partidos políticos o alianzas electorales quienes exijan a sus candidatos/as el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia, para poder aportar esa documental al momento de la presentación de listas.