El Arzobispado de Córdoba informó que es “definitiva” la dimisión del estado clerical de Julio César Aguirre, para todos los efectos de la ley.

Aunque no se especifica el motivo en la noticia oficial, la decisión se tomó después de una denuncia por abuso, que hizo una mujer contra el ex sacerdote, que estuvo 29 años como Párroco de Jesús María y fue trasladado a fines de 2019.

La Congregación para la Doctrina de la Fe notificó a Monseñor Carlos José Ñáñez, que fue rechazada una apelación interpuesta por Aguirre.

“La dimisión del estado clerical supone la pérdida de todos los derechos y las obligaciones inherentes al orden sacerdotal. También queda inhabilitado para ejercer el ministerio sacerdotal”, sostuvo en un comunicado.

Esta pena sólo puede aplicarse en juicio canónico y se impone como castigo a la herejía, apostasía o cisma, la profanación de las especies consagradas, la consagración sacrílega, el atentado físico al romano pontífice, la solicitación y el matrimonio atentado.

En la práctica, significa que se le prohíbe de modo permanente el ejercicio de los derechos propios del estado clerical, como celebrar Misa, oír confesiones y administrar los demás sacramentos, salvo absolver en riesgo de muerte.

También queda exento de sus obligaciones como el rezo de la Liturgia de las Horas y la obediencia al obispo.

A la vez, pierde todo derecho a ser financiado o sostenido por la Iglesia y a ser llamado “padre”.

Con frecuencia, un hombre expulsado del estado clerical también es dispensado de la obligación del celibato y podría casarse.

La noticia fue publicada por la agencia de noticias católica AICA, este 6 de julio.