Desde hace algunas semanas está en vigencia la Ordenanza 2361/20 de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la ciudad de Colonia Caroya, aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante después de varios meses de análisis y debate con el Consejo de Planificación.

En esta nueva normativa se establecen las dimensiones de las nuevas zonas en las que se divide la ciudad: Urbanizable, de Amortiguación, Industrial, Rural, y de Valor Estratégico.

Cada una de estas zonas y las subzonas creadas tendrán su propio código de edificación, Factor de Uso de Suelo y de Ocupación del mismo. 

Pero lo más importante es que se definieron con claridad cuáles serán los sectores en los que se pueden generar subdivisiones para proyectos de urbanización y en cuáles no.

En el plano se aprecian dos colores.

El naranja representa a la actual zona urbana consolida a los que se anexan siete lotes actualmente rurales que pronto cambiarán a urbanos, ubicados entre las calles 48 y 124, desde la 56 hasta 30 en el lado Sur; y entre calles 40 y 96, desde la 56 hasta la 30, del lado Norte.

Estos lotes aún no tienen sus ordenanzas específicas, pero serán los próximos a modificarle el uso de suelo.
Además, se integra un sector colindante al Bº Sierras y Parque, donde existe un proyecto de urbanización, que recién se podrá ejecutar cuando el Concejo analice las condiciones de ese sector.  

Solamente en los sectores de color naranja se pueden y podrán en un futuro cercano hacer urbanizaciones autorizadas.

En el resto del mapa, pintado de color gris, no se autorizará ningún loteo ni pedido de subdivisión; y en caso de existir el loteo con anterioridad, no se permitirá la urbanización ni la prestación de servicios.

La zona pintada de gris al Oeste de la Ruta 9 representa, en mayor proporción, a Áreas Rurales (de producción agropecuaria) y al Área de Interés Ambiental, Natural, Protegida y de Riesgo de la unión de los ríos La Granja y San Cristóbal.

Ante ofrecimientos de venta de terrenos en ese lugar, se recomienda primero consultar a la Municipalidad para asegurar si la inversión de compra de tierra se haga en un lugar permitido para construir una vivienda con los servicios necesarios para el hábitat.