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El intendente Carlos Borgobello y su Tesorero deben responder bajo los cargos de “exacciones ilegales continuadas” y “falsedad ideológica continuada”. El municipio se quedaba con el 30 por ciento de las multas.
Regionales18 de marzo de 2016
Ariel Roggio
La jueza de Control Anticorrupción Ana María Lucero Offredi confirmó que debe ir a juicio la causa de las fotomultas de Estación de General Paz.
Bajo los cargos de “exacciones ilegales continuadas” y “falsedad ideológica continuada”, deben responder el presidente de esa comuna Carlos Héctor Borgobello, quien es su tesorero Pascual Aníbal Suárez y los empresarios responsables de las firmas que instalaron sistema de constataciones de multas Alejandro José Abeliansky y Virginia Mónica Guala. Además, sólo por exacciones ilegales continuadas está imputado Daniel Hernán Torres, exjuez de Faltas de Salsipuedes.
Los hechos analizados están comprendidos entre 2008 y 2010.
Se sostiene que Borgobello y Suárez, de común acuerdo y con la participación de Abeliansky, Guala y Torres, conociendo que su actuar era contrario a las leyes y reglamentos de tránsito, habrían dispuesto el cobro indebido de multas a quienes transitaran por la ruta nacional, a la altura de los kilómetros 734,7, 735 y 735,5.
Para esto, colocaron “cinemómetros” que captaban imágenes que “posteriormente eran llevadas y transcriptas falsamente en actas de infracción labradas por los inspectores de tránsito de la comuna”, con lo cual perjudicaban a la administración pública.
Tras desestimar un recurso de la defensa de los miembros de la comuna, la jueza confirmó lo actuado por el fiscal Anticorrupción Gustavo Hidalgo quien tomó la causa en 2010 y secuestró los aparatos instalados en la “zona de travesía” urbana, como así también todo material informático y abundante prueba documental.
A Borgobello se le reprocha penalmente que, conociendo la prohibición, firmó con las firmas de Abeliansky y Guala los entendimientos para poner en práctica el sistema de cobro indebido de multas. Ambos empresarios instalaron los aparatos y el servicio de sistema informático. Luego, los funcionarios comunales dispusieron que sus inspectores de tránsito labraran las multas en fechas posteriores a la captación de las imágenes. Por su parte, el juez de Faltas de Salsipuedes realizaba las intimaciones a los supuestos infractores.
Lo más llamativo es que las empresas que instalaron el sistema se llevaban el 70 por ciento de lo recaudado, mientras que a la comuna sólo le quedaba un 30 por ciento.
Fuente: La Voz
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